"Corrupción". Con este título, Óscar de Caso analiza las causas del por qué han ocurrido tantos casos de corrupción en nuestra joven Democracia y cual es su origen.

                     
"Corrupción", por Óscar de Caso.

          ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este país? Esta situación de humillación y empobrecimiento no se explica sólo porque haya gobernado mala gente; el problema es un modelo de país que ha puesto a trabajar al Estado contra la sociedad, una minoría que engordaba sus cuentas mientras que la mayoría veía cómo las suyas adelgazaban, eso es la corrupción: robar las instituciones a la gente.

          La autonomía municipal en España se ha convertido –gracias a una interpretación nada estadista del Tribunal Constitucional- en una patente de corso para los Alcaldes, los concejales de turno y los Ayuntamientos en una materia altamente sensible;  el acervo competencial en materia urbanística. Del botín urbanístico participan muchos, y entre los afortunados, el partido del señor Alcalde que, gracias a sus contribuciones, aspirará a ocupar plazas de mayor tronío, quizá la presidencia de la Diputación Provincial y, con el tiempo, un escaño en el Congreso si acaso tiene la formación mínima suficiente –no son excesivos los requerimientos- para acceder discretamente al hemiciclo madrileño.

          Aunque sea políticamente incorrecto, hasta tanto no se desposea a los municipios –al menos a los de menor dimensión-  de las más tentadoras y peligrosas de sus competencias urbanísticas, la raíz de la corrupción persistirá, porque el crédito de los políticos municipales está dominado por el principio de la función social de la propiedad, esto es, la de su capacidad de intervención ilimitada en la calificación del suelo. La corrupción está también relacionada en gran medida con el control de las Cajas de Ahorros por las Autonomías y Municipios, entidades que de forma directa o indirecta han financiado estas tropelías.

          La desaparición de los llamados Cuerpos Nacionales de la Administración Local, es decir, de los funcionarios Secretarios municipales y provinciales y los Interventores, han permitido que las tramas corruptas municipales camparan y campen por sus respetos. En este desbordamiento, las aguas arrastraron la función pública la sustitución de los mejores y más cualificados funcionarios por “deudos”,  familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales. Contra los manejos de un político corrupto o los desastres de uno incompetente, la mejor defensa no son los jueces: son los empleados públicos que están capacitados para hacer bien su trabajo y disponen de los medios para llevarlo a cabo.... 

Más aún: la Intervención General de la Administración del Estado – más ágil que el sedentario y pausado Tribunal de Cuentas- ha levantado casos de corrupción tan graves como el de los fondos para financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) o el desvío de fondos para la formación en Andalucía.

          Hubo un articulista norteamericano que hace ya cien años distinguía entre los chanchullos honestos y los deshonestos. En los deshonestos no se considera el interés público y el dinero es para beneficio propio; los chanchullos honestos “defienden sus intereses, los del partido y los de la ciudad al mismo tiempo". En el fondo de esta concepción, late la perversa convicción de que, con corrupción cero, los partidos políticos no se podrían funcionar, ni las sociedades progresar. 

     Sería procedente un cierto nivel de chanchullo que socializase sus réditos porque, de lo contrario, el ejercicio de la política resultaría sin valor y, quizá, poco viable El sistema debe ser lo suficientemente realista y perspicaz para que dando más holgura a la financiación de los partidos, a cambio de una transparencia total, éstos dejen de ser un factor que favorece el delito, dentro de la corrupción generalizada que ha protagonizado los últimos 25 años en España.

 En nuestro país no es habitual que aparezcan grandes empresas como responsables de casos de corrupción, éstas se zafan de responsabilidad lanzándola sobre las personas que en su organización han perpetrado el soborno. Las compañías saben con cierto grado de seguridad si los concursos están amañados, pero se niegan a introducir elementos de depuración porque rige en el entorno la “omerta”. Sin embargo, resulta paradójico que el empresario lamente de manera constante la lacra de la corrupción y no haya realizado aún una seria introspección sobre su responsabilidad.

          Una de las circunstancias que incrementan la percepción de corrupción y su impunidad reside en la larga tramitación de los procedimientos penales. La posibilidad de juzgar en piezas separadas delitos aún conexos, cuando sean perfectamente delimitables en el tiempo y en sus consecuencias, sería una solución.

          Pero en este nivel de planteamiento sobre la corrupción que da por subrayar un fortísimo factor criminógeno de muy distinta naturaleza a las anteriores: la omisión de la responsabilidad política tanto por parte de los corruptos como de aquellos cargos que, por sus facultades de elegir y sus obligaciones de vigilar, favorecen objetivamente que la corrupción sea contemplada con banalidad por la clase política, con benevolencia por sus entornos y con resignaciones por la ciudadanía.

          La resistencia a la dimisión, a resignar las responsabilidades políticas cuando se dan indicios suficientes de un comportamiento inadecuado, es simétrica a lo largo de los cargos políticos que  amparan a sus subordinados con la sana intención, por lo general, de establecer cortafuegos que terminen por reclamar su doble culpa: la de elegir y la de vigilar. 

           El caso de Esperanza Aguirre en Madrid es paradigmático, entre otros: pese a que en la implicación de la trama de Francisco Correa eran personas designadas por ella y pese a que los implicados en la Operación Púnica eran igualmente personas que llegaron a obtener de ella su máxima confianza, la expresidenta de la Comunidad de Madrid –tras pedir perdón- se empeñó en una auténtica campaña de distracción de sus propias responsabilidades: desde afirmar que ella fue la que destapó la trama Gürtel hasta negar conocimiento personal de Alcaldes detenidos por presuntas corrupciones urbanísticas. La supervivencia en la vida política –al trance que sea- se configura como un potentísimo factor de criminalidad que, de nuevo, nos reenvía al carácter sistémico y endógeno  de la corrupción en España.

          POSTDATA: Mi gratitud plena al Sr. Zarzalejos, al Sr. Muñoz Molina, al Sr. Anguita, al Sr. Iglesias y alguna otra persona más que ahora no recuerdo, por enseñarme lo que es la decencia y poder transcribir aquí algunos de sus sabios textos.