“La Privatización del agua en España” es un artículo de opinión de Edmundo Fayanas Escuer, Profesor y Licenciado en Historia, publicado en
nuevatribuna.es el pasado 5 de febrero de 2013, artículo que deja muy a las claras el negocio que unos pocos realizan con un bien público como es la gestión del agua potable a domicilio. Si bien los propitarios son los Ayuntamientos y los que controlan la gestión, la realidad es muy distinta y en Caudete hemos asistido a un ejemplo de gestión deficiente a lo largo de 15 años de privatización con un final truculento, casi de película. Existen serias dudas de que nos hayan dejado el servicio en condiciones. De haber sido así, no hubiera habido, entre otros electrodomésticos, tantas lavadoras y calentadores avariados con el consiguiente perjuicio para el usuario. El PP es partidario a ultránza de la privatización y, en ningún momento ha tratado de ver las ventajas de la gestion municipal frente a la privatización. Mas bien, todo lo contrario. Los informes del Técnico de Medio Ambiente, del Departamento de Obras y el de Informática han dicho que el Ayuntamiento no dispone de medios para hacer frente a una asunción de la gestión del servicio de manera inmediata, segura y efectiva para, a rrenglón seguido, justificar con estos informes, una prórroga de cinco meses con una empresa privada -DAM- recurriéndo nada menos que a la "Tramitación de Emergencia" que permite a la Administración, según el art. 113 de la Ley de Contratos del Sector Público, actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la Defensa Nacional.
En ningún momento, créanme, se ha vislumbrado en el horizonte, ante la inesperada salida de escena de AQUALIA, acontecimientos catastróficos, situaciones de grave peligro o un ataque del exterior y si mas bien improvisación y, sobre todo, falta de previsión en el cumplimiento de los plazos que hubieran permitido disponer de tiempo para estudiar la mejor solución para los caudetanos sin tener que recurrir al inefable art. 113 para justificar lo injustificable. Insisto, porque aquí es donde esta la madre del cordero, que se disponía de trece meses por delante, tiempo mas que suficiente para no haber recurrido a que los técnicos municipales dijeran una obviedad como es que en medio de una carrera "no es conveniente, ni seguro ni efectivo cambiar de caballo". Para este viaje, créanme, no hacían falta alforjas. Para acabar, les diré que he recogido la opinión de muchos caudetanos y pone manifiesto que el PP va en dirección contraria: la mayoría estan a favor de que los caudetanos gestionemos el servicio del agua en vez de una empresa privada.
El artículo titulado "La privatización del agua en España" , de Edmundo Fayanas Escuer, dice lo siguiente:
Estamos asistiendo desde la llegada del
PP al proceso de privatización de todo lo público (sanidad, educación, agua….) ¡Esto
es un escándalo!
El agua es un bien imprescindible para la vida y debe ser garantizada
por el Estado y nunca objeto de beneficios privados. Ante la asfixia financiera,
consecuencia de la crisis económica que sufren tanto Comunidades como Ayuntamientos,
ven en la venta de las concesiones de agua, un medio para superar la crisis,
por lo cual obtienen fondos económicos que les permiten sobrevivir.
¿Es la privatización de los servicios públicos del agua una solución?
La respuesta es NO. Luis Babiano,
gerente de la Asociación de Operadores de
Abastecimientos y Saneamientos, dice: “Se acabó el ladrillo y ahora hace
falta dinero, los Ayuntamientos tienen que hacer frente a gastos, inversiones y
compromisos sin fondos, y la solución es vender aquello que vale dinero, que es
eficiente, en este caso el servicio del agua”.
¿Cómo funciona una concesión?
Son concesiones que tiene una duración entre 30 a 50 años a una empresa
privada. Normalmente en el contrato, las empresas se garantizan unas ganancias
mínimas superiores al 10%. No se fija la cantidad, que en ese período temporal
debe invertir la empresa privada en el mantenimiento y mejora del servicio. Con
lo cual, al no existir esta inversión, la calidad del agua se deteriora
progresivamente, puesto que el objetivo de la empresa siempre es maximizar
beneficios.
Habitualmente lo primero que hacen las empresas privadas es encarecer el
servicio entre un 30-50%. Las compañías se hacen con un mercado en el que no
existe competencia, con lo cual nos encontramos con un monopolio de hecho. El
negocio es redondo, pues el cobro del servicio es de un 97% y tienen de está
forma garantizados unos ingresos regulares, independientemente de los vaivenes
económicos, por lo que les da una gran estabilidad financiera a la empresa
concesionaria.
El sistema de privatización de los sistemas públicos de agua se reparte
entre dos grandes empresas, por un lado la constructora FCC (Fomento de Obras y Contratas) bajo el
nombre de Aqualia que tiene
actualmente unos nueve millones de contratos de agua ya en España. Por el otro,
Agbar (Aguas de Barcelona) empresa
dominada por la multinacional francesa Suez (una de las multinacionales más
poderosas del mundo en servicios de agua) con un 75% de su propiedad,
atendiendo ya a trece millones de clientes.
Recientemente ha entrado también en este negocio del agua, la empresa
constructora Acciona, aprovechando que la Generalitat de Cataluña está en
emergencia financiera, para hacerse con la concesión del servicio de Aigues del Ter–Llobregat por mil
millones de euros. Pedro Arrojo,
miembro destacado de la Nueva Cultura del Agua dice “que privatizar es un acto
de sabotaje social a la economía ciudadana, porque al día siguiente tendrás que
alquilar los servicios privados y deberás pagar lo que ellos han invertido, más
lo que te quieran cobrar de intereses”. El Departamento
de Economía Aplicada de la Universidad de Granada ha estudiado las actuales
concesiones y ha llegado a la conclusión de que la privatización no ha supuesto
la esperada eficiencia y se pregunta: ¿hay otras razones que impulsen estos
procesos privatizadores?
Desde mi punto de vista existen dos
motivos. El primero es ideológico y es la plasmación de las doctrinas
neoliberales en el agua. El segundo es que vamos camino de una burbuja, al
igual que en el sector inmobiliario, pero en este caso en el tema del agua y
como en la anterior todo huele a corrupción. Debemos recordar lo que pasó en la
década de los noventa con en el proceso de privatización del sistema público de
agua en Zaragoza y el proceso correspondiente de corrupción política ¿Les
suena?
Como dice Babiano “el sistema de gestión público-privado es
costoso para el ciudadano, que ve incrementada su tarifa. Es oscura porque no
existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión y supone una pérdida
de control por parte de la administración. Con todo esto, dentro de veinte años
tendremos los ratios de aumento tarifaría más caras de Europa. Habrá
degradación de las infraestructuras y unas condiciones medioambientales
lamentables”.
Esta ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano del agua, es
la que conducirá a una insostenibilidad y quizás a su posterior rescate
público, pero pagado por todos, ¿les suena está música todos los días?
Recordarles la privatización de los ferrocarriles ingleses por la Thatcher, a precio de saldo y que diez
años después tuvo que ser nacionalizado a precio de oro, por la muerte de
decenas de británicos por la falta de inversión en la red ferroviaria de la
empresa privada concesionaria ¿Lo recordamos? Aprendamos.
¿Tres casos emblemáticos en el agua en nuestro país?
El primero, el Canal de Isabel II que abastece en Madrid, con una
gestión pública excelente, que intentó ser privatizada por Esperanza Aguirre.
Su valor ronda los 3.000 millones de euros y tuvo una rentabilidad, en el año
2010, de 114 millones de euros. Si funciona bien ¿por qué lo privatizan?
La segunda, la reciente venta del consorcio de Aguas del Ter-LLobregat a
la constructora Acciona por mil millones de euros y que ha sido llevada dicha
concesión a los tribunales por parte de la competencia de Agbar.
La tercera, la privatización de la Mancomunidad
de Canales del Taibilla, con tres millones de usuarios y que pretende
fusionar previamente con Acuamed (empresa
pública que construyó las desaladoras y que está en bancarrota por el boicot
político ejercido por el PP). La Mancomunidad pública del Taibilla está muy
bien gestionada. El problema que significa esta privatización, es que una
empresa privada va a gestionar el agua del trasvase Tajo-Segura, la cantidad
que demandará anualmente y como una empresa privada se va a beneficiar del bien
público que es el agua del río Tajo.
Nuevamente Babiano dice “El Taibilla ha demostrado eficiencia,
eficacia y ha dado desarrollo a una zona donde el agua es clave (Murcia,
Albacete y Alicante). El agua en el sureste es estratégica porque es una zona
con sequías recurrentes y con una agricultura muy fuerte”.
El ministro Arias Cañete tiene en el agua una de sus graves problemas. No ha
presentado los planes de cuenca que son de obligado cumplimiento. Tiene que
acabar más de un millar de depuradoras según el acuerdo con la Unión Europea,
la misma que denuncia a España por el escaso uso de las desaladoras, que fueron
pagadas por la Unión Europea en un 80%.
Para terminar, tiene el problema de las privatizaciones municipales de agua que
huelen a corrupción política y comisiones.
Acabemos ya con el expolio de las privatizaciones de lo público para el beneficio de
unos pocos y que ,como vemos día a día, son uno de los principales focos de corrupción y de ineficiencia.
Edmundo Fayanas Escuer, Profesor y Licenciado en Historia
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